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Francisco
José Virtuoso
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Se busca justificar nuevamente una
intervención del subsistema universitario autónomo
FRANCISCO JOSÉ VIRTUOSO, SJ | EL UNIVERSAL
Miércoles 11 de noviembre de 2015 12:00 AM
Las universidades nacionales autónomas se han convertido en objeto de confrontación directa por parte del gobierno nacional. Primero fue la imposición de un nuevo sistema de asignación de cupos universitarios. En abierta contradicción con el artículo 20 numeral 6 de la Ley de Universidades y con las decisiones tomadas previamente por el CNU, se estableció que los cupos para las universidades públicas serían asignados en su totalidad y directamente por la Oficina de Planificación del Sector Universitario.
Esta decisión se
acompaña con un presupuesto para el año 2016 que las universidades a través de
sus rectores cuestionaron abiertamente en diversas instancias por deficitario e
incapaz de responder a las múltiples necesidades de funcionamiento de las instituciones
que representan.
Al mismo tiempo los
docentes de estas universidades, representados en sus organizaciones gremiales
y en la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios Venezolana
sostienen que sus reclamos salariales no fueron atendidos en la llamada
Convención Colectiva II de los trabajadores universitarios y deciden para el
mes de septiembre hacer un llamado a la no reincorporación a las actividades
académicas, el cual ha sido acatado hasta ahora en 10 universidades.
En el mes de noviembre
se han producido varios hechos de violencia en diversas universidades. El más
dramático fue el ocurrido en el recinto de la Universidad del Zulia,
especialmente en la Facultad de Humanidades y Educación, dejando
lamentablemente como saldo un joven herido por arma de fuego y otro fallecido.
La Asociación Venezolana de Rectores (Averu) condenó estos hechos, señalando
que los mismos tienen presuntamente como origen el conflicto generado ante el
llamado a elecciones estudiantiles por parte del gobierno nacional, con la
intención de crear una organización que pretende establecer una federación de
centros universitarios impuesta y paralela a las organizaciones estudiantes
existentes.
El 3 de noviembre
pasado la Asamblea Nacional decidió emitir un acuerdo, en el que después de un
conjunto de considerandos, sugiere al ejecutivo nacional acudir ante el
Tribunal Supremo de Justicia para demandar a los cuentadantes de las
universidades, por perjuicio al Estado venezolano. Al mismo tiempo se propone
la intervención del Ministerio del Trabajo ante lo que se considera un paro
ilegal y se plantea la realización de una auditoría para el análisis de la
erogación de recursos económicos para aquellos funcionarios que no han
trabajado.
El acuerdo de la
Asamblea Nacional, descalifica el paro de los profesores, desconoce la
problemática presupuestaria y judicializa el conflicto, pretendiendo resolver
la crisis por la fuerza a través de medidas administrativas y judiciales contra
las autoridades de las universidades cuestionadas y sus dirigentes gremiales.
El acuerdo de la
Asamblea Nacional es un acuerdo político. Al final del primer considerando del
acuerdo se lee: "es posible que esta sea una política de la oposición
venezolana para que los padres de los jóvenes se vean obligados a retirar a sus
hijos de estas universidades y llevárselos al exterior, o a las instituciones
privadas para que éstas se enriquezcan aún más".
Es terrible que esta
sea la percepción de fondo ante el grave problema que padecen las universidades
nacionales autónomas. Es también muy triste e injusto que la percepción de la
universidad de gestión privada sea la de una casa de negocios que puede sacar
provecho de esta dramática situación. Obviamente el acuerdo en su conjunto
busca justificar nuevamente una intervención del subsistema universitario
autónomo.
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