Los muros del hambre

"Si queremos que todo siga como está, 

es necesario que todo cambie"

Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

Nunca estaré de acuerdo con la opinión mayoritaria, de impulsar un supuesto derecho que vulnere al resto de los venezolanos, sea cual sea la razón.

Los derechos son para todos por igual y jamás para beneficiar a un sector, clase social, raza, religión o ideología política, más aún cuando ese derecho sea el derecho de alimentarse.

Los dirigentes somos los responsables de encaminar e informar a la población de cuando una política o ley está cometiendo una violación a este derecho, aunque esta medida se crea la más conveniente para la mayoría proponente.

El derecho a la alimentación es un DERECHO FUNDAMENTAL de todos los seres humanos, ya que el alimento es un elemento esencial sin el que los seres humanos no pueden vivir.

El derecho a la alimentación es el derecho de cada hombre, mujer y niño a una alimentación garantizada, y consta de cuatro aspectos importantes:

1. El alimento debe ser suficiente: es decir, suficiente para toda la población.

2. El alimento debe ser accesible: cada persona debe poder obtener alimento, ya sea gracias a su producción propia (ganadería y agricultura), o gracias a un poder adquisitivo suficiente para comprar alimento.

3. El acceso al alimento debe ser estable y duradero: el alimento debe estar disponible y accesible en todas las circunstancias (guerras, catástrofes naturales, etc.).

4. El alimento debe ser salubre: es decir, consumible e higiénico, y en particular el agua debe ser potable.

Hoy vemos una violación constante a este derecho tanto en la aplicación de políticas por parte del gobierno, como por parte de sectores, comunidades alcaldías y gobernaciones no solo oficialistas si no de oposición.

No podemos mas no debemos permitir que bajo el argumento de que existe una “guerra económica” se emprendan programas y proyectos por parte del ejecutivo, y por parte de la oposición de que los bachaqueros y la inseguridad afectan a sus comunidades al igual que la compra de alimentos, trasladando el problema a una coyuntura local, cuando en realidad es responsabilidad del ejecutivo abastecer a la población.

La aplicación de los CLAP -el Comité Local de Abastecimiento y Producción- una "nueva forma de organización popular encargada, junto al Ministerio de Alimentación, y de la Gran Misión Abastecimiento Soberano y Seguro,  distribuirá casa por casa de los productos regulados de primera necesidad", según explica una nota en el portal del canal oficial Venezolana de Televisión (VTV).   

El derecho humano a la alimentación está recogido en el PIDESC (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) con una doble vertiente: el derecho fundamental a estar protegido contra el hambre y el derecho a una alimentación adecuada.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, art. 11:

“1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para:

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas naturales;

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios como a los que los exportan.”

Hemos visto y oído a personeros del gobierno nacional regional y municipal, expresar públicamente que este programa beneficiara solo a los afectos a ellos y no a los “ESCUALIDOS” hoy se han retractado de lo dicho aunque existen denuncias y muchas a través de las redes sociales de que este tipo de discriminación continúan.

Por parte de la oposición han salidos algunos concejales y hasta alcaldes a proponer que los productos regulados expendidos por parte de cadenas de supermercado o abastos en sus municipios sean solo adquiridos por los habitantes de estos municipios, más chiquito aun, por habitantes cercanos al centro de distribución, excluyendo así al resto de la población que no habita en ellos. Lamentablemente este tipo de medidas ha sido reforzada por comunidades que ven en ella la solución al problema de abastecimiento de comida a precios regulados, y para agravar más el problema, pretenden hacer de esta práctica, una ordenanza, caso Naguanagua, de este tipo de programas,  según mi visión con este tipos de leyes, lo que se busca es supuestamente resolver por lo menos en este municipio la distribución de productos regulados, y que estos, puedan ser adquiridos “solo” por los habitantes del municipio, la propuesta es que del 100% de los productos regulados que entran en el municipio se dividirán en; 20% para los habitantes foráneos, 40% para los habitantes residentes del municipio y el 40% restante, para ser vendidos en un horario especial a los habitantes cercanos al mercado o red de distribución de alimentos en radio de 4 kilómetros, si esto no es discriminatorio, no sé qué lo pueda ser.

Ahora bien, ¿dónde está el problema?  Sabemos que el gobierno  ha hecho de todos sus programas sociales, un método de chantaje para sus afectos, o estás conmigo o no gozas de estos “beneficios”, ¿Cuáles? Trabajo, MERCAL, PDVAL, CLAP; y otras que van desde entrega de ayudas hasta una simple carta de residencia de consejo comunal, ¿acaso no han sido víctima de alguna situaciones de las que he descrito?

El peligro de hacer de esto una ley, es que como el gobierno es el dueño de la distribución de alimentos, beneficie con esto a municipios o comunidades afectos a ellos y repita aquella famosa frase,  “dentro de la ley todo, fuera de ello nada” y no encontremos, los habitantes de otros municipios, impedido de adquirir alimentos debido a la esta ley, que levanta los MUROS DEL HAMBRE a nivel municipal amenazando con aplicarse a nivel nacional.

Por ello amigos hago este pequeño articulo, para así dejar constancia escrita de que advierto de la terrible situación que se nos avecina, si esta pretensión de ley llegara a cristalizar, con el apoyo inclusive de sectores o comunidades afectas a la oposición.

Inclusive hoy, estamos experimentando esto, por ejemplo en Táchira y los productos importados, solo se venden en municipios cercanos a la frontera, mientras que los de tercera edad y habitantes lejanos a la frontera no pueden adquirirlos, por su lejanía, ¿se imaginan si aprueban esta ley? estamos ante una ley que regulará el hambre.