miércoles, 30 de marzo de 2011

Rechazamos la militarización de nuestros establecimientos educativos.







El objetivo de principio de la enseñanza en las escuelas debe ser la creación de hombres y mujeresque son capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente repetir lo que otras generaciones han hecho.

                                                                                                                                           Jean William Fritz Piaget.



Las organizaciones que integran CONSENSO EDUCATIVO: ANDIEP, CASA ARTURO USLAR PIETRI, CAVEP, CONAPREC y FENASOPADRES, rechazan de forma enérgica el “Plan Integral de Educación Militar” dictado por el Ministerio de la Defensa en Resolución 017621 del 16 de marzo del 2011, publicado en Gaceta Oficial Número 39641 del 24 de marzo del presente año. La indicada Resolución se propone militarizar todo el Sistema Educativo Nacional, con el explícito propósito de introducir la cultura de la violencia y el más pernicioso belicismo en las escuelas.

Tan perversa medida queda a cargo de cuerpos militares abiertamente inconstitucionales como las llamadas Milicias, estrechamente vinculadas al partido del gobierno, en tanto que brazo armado o guardia pretoriana de una ideología deseosa de imponerse a la fuerza. Ya sería malo que semejante agresión contra las familias venezolanas y el pueblo todo, se encomendara a alguno de los componentes tradicionales de la Fuerza Armada, en todo caso de índole legal; imaginemos entonces cuán grave es confiarla a un especioso instrumento sin base legal, ejecutor de un plan político que en los últimos años ha querido entrar a la fuerza y desnaturalizar el proceso de aprendizaje; esta vez con el patético argumento de “una educación para la defensa integral”.

La operación se dirige contra la parte más vulnerable. La Resolución se propone militarizar a nuestra sociedad, desde las edades más tempranas: en maternal y preescolar, niños y adolescentes de primaria, media general, media técnica y se extiende hasta los jóvenes en educación universitaria.

Es ésta una virtual guerra contra las familias, los estudiantes y la sociedad en conjunto. Nosotros hemos sido partidarios de la paz y lo seguiremos siendo, amigos de la reconciliación nacional y lo seguiremos siendo, partidarios del diálogo sin exclusiones y discriminaciones y en esa condición nos mantendremos. Pero en el marco de la ley enfrentaremos una vez más el peligroso atropello.

Defendemos la libertad crítica, la convivencia y debate responsable entre todas las corrientes del pensamiento. Estamos convencidos de que si se impone el contenido de este deplorable instrumento normativo, un oscurantismo terrible caerá sobre la educación y el pueblo de Venezuela.

En tal sentido alertamos con la urgencia del caso a todas las familias agrupadas en las comunidades educativas para que se opongan de manera contundente a la pretensión de formar “niños soldados”, a través de una modificación ilegal e inconsulta del currículo impartido en los procesos pedagógicos democráticos, que establece nuestra constitución. Esa fuerte acometida contra los Derechos Humanos, ha sido condenada en todo el mundo por ONU-UNICEF. Estamos convencidos de que la movilización de los padres, representantes, docentes y la sociedad en general, en respaldo a las acciones legales y de protesta que llevaran a cabo las organizaciones que suscriben esta Declaración, derrotará una vez más esta grotesca violación del derecho a la educación libre, democrática y a vida en paz.

Exigimos
  • · Que la Asamblea Nacional se pronuncie sobre la Resolución arriba identificada, cuya intención de uniformar bajo una sola ideología el proceso de enseñanza-aprendizaje es claramente discernible
  •  Que se pronuncien las ministras de educación y de educación universitaria por la flagrante intromisión del despacho castrense en materias de su competencia, al ordenar una reforma curricular que no se sujeta al mandamiento legal de realizar previamente una amplia consulta.
  •  Que los poderes judiciales y ciudadano se pronuncien sobre el atropello a los derechos de la familia venezolana, de los docentes y de la autonomía universitaria.
  • Exhortamos a la sociedad democrática:
  •  Que emprenda la movilización inmediata de las comunidades educativas, gremios educativos, movimiento estudiantil y laboral, y la ciudadanía en general con la finalidad de enfrentar este nuevo intento de reformar constitución, leyes y reglamentos por la vía de edictos militares.
  •  Que los diversos actores del sector educativo se dirijan a los distintos poderes a objeto de exigir la anulación de esta nefasta resolución.
  •  Que se intenten acciones legales en el ámbito nacional e internacional contra el intento de militarizar la sociedad venezolana a través de su sistema educativo.
  •  Que se inicien jornadas de información y discusión en el seno de las comunidades educativas y universidades sobre el verdadero propósito de la resolución 017621. 

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